Engaños a ejidatarios e intento de privatización de tierras de uso común.

La  implementación de este proyecto ha fomentado procesos irregulares de intentos de acaparamiento de tierras de propiedad social y nacional que destruiría la tenencia colectiva y su organización agraria local. A partir de 2014, el abogado Alejandro Escoffié Gamboa usó de manera fraudulenta un permiso que le había concedido la asamblea ejidal para realizar el trámite de inscripción de un acta de asamblea, teniendo acceso a la documentación agraria para empezar a parcelar y poner en venta 5,355 ha de tierra de uso común del ejido. Además agregó en la lista de avecindados del ejido varias personas y empresarios provenientes de otros estados de la república y de otros países [3]. Se intentaron registrar en el Registro Agrario Nacional (RAN) actas de asambleas falsificadas para autorizar el cambio de tenencia de la tierra de uso común a dominio pleno (propiedad privada).  En enero de 2019, después que Escoffié declaró a los ejidatarios: “Ixil ya no tiene ejido y todo es propiedad privada”, estos últimos acudieron al RAN para denunciar el engaño, exigir información al respecto por parte de la Procuraduría Agraria y del RAN, reclamando la restitución de sus tierras [5]. En abril del mismo año logran que el RAN les entregan los documentos legales del ejido (carpeta básica) a los cuáles no tenían acceso desde cinco años atrás, cuando se había empezado el trámite con Escoffié. [6] Sin embargo, en tanto este proceso agrario no esté totalmente resuelto y el proyecto siga vigente, continúa siendo fuente de tensión y conflicto social dada las presiones económicas derivadas de la especulación financiera sobre el valor de la tierra derivada directamente de este proyecto y del proceso de expansión urbana de la ciudad de Mérida (en la zona norte de Mérida se han desarrollado numerosas cantidades de fraccionamientos, incluyendo el municipio de Ixil).  

Impactos ambientales e irregularidades en sus evaluaciones .

De continuar la implementación del proyecto eólico, además de que erosionaría la tenencia social de la tierra, se limitaría drásticamente el acceso a la misma por parte de la población local, en deterioro de la vigencia y continuidad de las comunidades mayas en sus territorios. Asimismo, por su dimensión, infraestructura y requerimientos técnicos, de instalarse este proyecto, tendría fuertes afectaciones negativas en el sistema socio-ambiental local y regional, y por lo tanto en sus usos productivos (ej. horticultura, apicultura, recolección de leña, acceso al agua y a zona costera) y servicios ambientales. El proyecto pretende ubicarse en una zona de especial interés para su conservación por su cercanía a la zona costera (a menos de 5 km) y a las áreas de influencia de los manglares. Se trata además de una zona dentro de la cuenca geohidrológica Chicxulub, caracterizada por el relieve kárstico y el sistema de red de cavernas que dan forma al anillo de cenotes que actúa como vertedero y conduce grandes masas de agua. Esta zona aloja un elevado número de especies de flora y fauna incluyendo hábitats con alguna categoría de protección asociados al manglar, como marismas, sabanas húmedas y los afloramientos de caliche. En el área de afectación directa se encuentran lugares de relevancia biocultural, incluyendo manantiales y cenotes, algunos de los cuales son considerados además por tener acepciones sobrenaturales de la cosmogonía maya. También existen en la zona estructuras prehispánicas y coloniales, como es el caso de la trinchera, que son lugares de memoria para las poblaciones locales. El  Área Nacional Protegida (ANP) denominada Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán (Decreto 502/2017) está situada a menos de 2 km del área de posible ubicación del proyecto y podrá ser igualmente impactada (ver [7] o mapa en banner). El emplazamiento del proyecto en esta zona contraviene también los criterios de regulación ecológica del Programa de Ordenamiento Costero del Estado de Yucatán (POETCY), que indican que el ecosistema es apto para actividades recreativas y de bajo impacto (campismo, observación de fauna, etc.).

Esencialmente, el emplazamiento del proyecto en una zona forestal se ha pretendido justificar en gran medida por la disponibilidad del viento y por la supuesta oportunidad de empleos que generaría en una zona rural, sin embargo nunca se presentó un análisis detallado de diferentes alternativas sobre: sitios, diseños a la configuración, tecnología o estructuras del parque eólico, etc., y el supuesto impacto positivo por la generación de empleos en la etapa de construcción del parque (14 meses) está completamente sobredimensionado, por tanto no hay elementos firmes para señalar que la opción presentada por su promovente es la alternativa con mayor viabilidad social, ambiental, técnica y mucho menos con un emplazamiento sostenible. 

Pese a éstas condiciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha emitido la autorización ambiental al proyecto, aunado a serias irregularidades en su proceso de evaluación: a) emitió su autorización omitiendo su deber legal de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de carácter regional, según lo indica la Ley de Transición Energética, en su artículo 19.  b) la MIA presentada por la promovente carece de estudios rigurosos y estándares científicos que describan con pertinencia el área de influencia del proyecto, y que permitan  una adecuada identificación y evaluación de los impactos ambientales, de modo que hay impactos significativos (a las aves, al acuífero, y la fauna) que está fuertemente subestimados y para los cuales no se plantearon medidas de mitigación adecuadas ni eficientes, lo que prevee que aumente la vulnerabilidad del sistema socioambiental, al efecto de riesgos frente a eventos naturales extremos (huracanes, hundimientos), y aumenten los impactos socioeconómicos de la población local y de su patrimonio biocultural. c) haciendo caso omiso de las protestas locales en contra del proyecto, expresadas tanto en la reunión pública de información convocada  como en un escrito presentado durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. d) el promovente presentó a la SEMARNAT información falsa respecto a la acreditación de la propiedad y el derecho de uso de las tierras donde se ubicaría el proyecto, presentando documentación del proceso fraudulento alrededor de las tierras de Ixil. En este sentido, la Evaluación de Impacto Social (EvIS) del proyecto, menciona que el predio donde se desarrollaría el proyecto corresponde a propiedad privada [2]. Esta afirmación es incorrecta, pues de las 1156 ha previstas para desarrollar este proyecto más de la mitad (639 ha) se encuentra dentro de propiedad social: 224 ha de tierra de uso común del ejido de Ixil y 415 ha de tierras parcelas del ejido de San Ignacio Petzbalam  (ver [7] o mapa en banner). 

Estatus Actual. 

En noviembre 2019 existe un proceso judicial formal que anularía los trámites irregulares en los que incurrió la empresa en materia agraria y que podría repercutir en los otros permisos que ha obtenido la empresa. No obstante, ejidatarios de Ixil, han observado recientemente trabajos de desmonte y apertura de caminos en el área de Tierras Nacionales (que históricamente también ha pertenecido a Ixil), de manos de gente de Timul, (una pequeña comisaría colindante a Ixil) y se preocupan de que sea una estrategia para continuar con el proyecto, reubicando parte de éste ahora en otra área de Ixil, y ganar simpatía en la población colindante, que no tiene derechos agrarios sobre las tierras en donde la empresa se encuentra trabajando. 

Asimismo, la empresa continúa recurriendo a intermediarios y consultores para que ejerzan presión  sobre los vecinos de las comunidades y acepten el proyecto. Hasta ahora, la implementación de éste proyecto ha violado su derecho a la autodeterminación pues la implementación del proyecto ha avanzado y afectado ya su tejido social y acceso a la tierra sin que se les haya informado y consultado de manera plena, previa y libre sobre el proyecto y mucho menos sobre el modelo de desarrollo que implica la implementación de la política energética en su territorio. 

En síntesis este caso de Ixil ilustra perfectamente el patrón de actuación bajo el cual se intentan desarrollar proyectos eólicos en México (proceso informativos y consultivos inexistentes e inadecuados, estudios ambientales poco serios e incompletos, irregularidades en los contratos de renta de tierras, criminalización de la protesta, etc.) [8]. Este modus operandi se ha usado desde hace muchos años para proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec y ahora se repite en la península de Yucatán. 

En este contexto, el  proceso de recuperación de documentación de acreditación de posesión de tierras ejidales logrado por los ejidatarios de Ixil por la presión ejercida hacia las autoridades competentes (Procuraduría Agraria y RAN) representa un logro interesante de blindaje del territorio frente al contexto de privatización de la propiedad social en la Península para permitir el avance de un conjunto de megaproyectos (energéticos, inmobiliarios y turísticos, agroindustriales, infraestructura de transporte, etc.). A la fecha Ixil aparece claramente como una nueva trinchera maya frente a los avances de proyectos energéticos y del tsunami inmobiliario en esta región. La lucha de Ixil es parte de la histórica resistencia de las comunidades mayas frente a la expansión de los megaproyectos de despojo. Es una lucha por la vida y la defensa de la tierra que la hacen posible.

Sin embargo las presiones ejercidas hacia las comunidades por partes de coyotes vinculados con esas empresas energéticas o inmobiliarias siguen muy presentes.