Estos proyectos conforman un emprendimiento de parque fotovoltaico promovido por las empresas Vega Solar 1 y 2, pertenecientes a SunPower Corp (empresa adquirida por Atlas Renewable Energy, filial de Actis Energy, en 2018), que tendrán una capacidad instalada de 310.5 MW (207 MW para Ticul A y 103.5 MW para Ticul B) por medio de 1,228,000 paneles solares instalados en cerca de 738 hectáreas, en su mayoría de selva mediana caducifolia que debe ser removida (538 ha de cambio de uso suelo forestal) para la instalación del parque fotovoltaico; también se incluyen una subestación y una línea de transmisión de 8 km y 230 KV [2], con una inversión aproximada de USD$464,673,361 [3]. El polígono se localiza principalmente en el municipio de Muna, Yucatán, aunque también incluye los municipios de Sacalum y Ticul, a escasos 10 km de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, a 1 km de la cabecera municipal de Muna y a unos metros de la comunidad maya de San José Tipceh [4].

De la superficie total de ambos proyectos, aproximadamente 440 hectáreas pertenecen a un propietario privado, quien firmó un contrato de arrendamiento con la empresa. La superficie restante pertenece al ejido de San José Tipceh.

El primer acercamiento de la empresa de energía con la comunidad, ocurrió a mediados de 2016, cuando el propietario privado actuó como intermediario de la empresa, pretendiendo obtener las tierras ejidales para una supuesta producción de cítricos, lo que generó un primer conflicto debido a que la “cesión” violaba la legislación agraria. Al descubrir el verdadero uso que tendrían las tierras, los ejidatarios exigieron la firma de un nuevo contrato suscrito directamente con la empresa de energía, pero éste no pudo ser inscrito ante el Registro Agrario Nacional (RAN) debido a la vigencia del primer contrato [5].

Luego de algunas reuniones “informales” con autoridades municipales y ejidales y con los representantes de la empresa Vega Solar 1 y 2, el 27 de noviembre de 2016 se realizó una asamblea ejidal donde se firma un convenio para la revisión del contrato, pero la empresa cambió posteriormente el contrato en varias ocasiones y se resistía a entregar a la comunidad la documentación referente a las especificaciones técnicas del proyecto [6]. Frente a ello, una red de asesores de diversas organizaciones de derechos humanos que ya estaban asistiendo a la comunidad logró que el caso fuese expuesto en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Panamá, en diciembre de 2016, en donde un representante de la Secretaría de Energía del gobierno mexicano reconoció que el proyecto se estaba desarrollando sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, afirmando que ésta pronto se llevaría a cabo [7].

El 23 de abril de 2017, a casi dos años de haberse otorgado la concesión a la empresa, se realizó la primera asamblea referente a la “consulta previa” a la comunidad, tal y como lo reconoció la Relatora Especial de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpus, en el informe de su visita a México en junio de 2018 [8]. Pese a que previamente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había ya emitido las autorizaciones en materia ambiental para ambos proyectos de manera condicionada, permitiendo con ello no solo la deforestación de más de 600 mil árboles, si no una evaluación sesgada y parcial de los impactos ambientales que conllevan ambos proyectos [9].

Durante 2017 se llevaron a cabo cuatro asambleas respecto a los acuerdos previos para la elaboración del Protocolo de Consulta, siendo éste firmado y supuestamente aceptado por la comunidad el 10 de diciembre del mismo año, aunque algunos de sus miembros han expresado que el documento estuvo “amañado” y sustentado con firmas falsas, incluso de ejidatarios fallecidos. En los meses siguientes, todo el proceso estuvo plagado de irregularidades [10].

Los conflictos y división en la comunidad se fueron acrecentando debido al trabajo de un intermediario externo (pagado por la empresa) que, por su origen y siendo hijo de líderes indígenas (de otra región de México) intentó dar legitimidad al proyecto frente a la asamblea ejidal, por lo que se encargó de dividir a la comunidad y hacer gestión social a favor de la empresa [11]. Lo anterior provocó el surgimiento de un grupo dentro de la comunidad a favor del proyecto, influenciado por dicho intermediario y por las autoridades correspondientes, estatales y federales, que han velado por los intereses privados y no de la comunidad.

A principios de marzo de 2018, algunos habitantes evidenciaron las irregularidades del proceso de consulta [12], así como la falta de información veraz sobre los impactos ambientales del proyecto que quedaría ubicado a sólo 200 metros de las viviendas más cercanas, en una región donde prevalece la milpa maya, la apicultura tradicional, la producción de hortalizas, así como el manejo y aprovechamiento tradicional de la selva [13].

Los opositores al proyecto también evidenciaron la falta de garantías que la empresa ofrecía para sus tierras. En consecuencia, los operadores y aliados de la empresa comenzaron a agredir verbal y físicamente a los oponentes del proyecto, los expulsaron de la asamblea, les sacaron del pueblo, les tomaron fotografías y les amenazaron con más violencia si se presentaban en las siguientes reuniones de la supuesta “consulta” [14]. También quedó cancelado de facto su derecho a invitar a observadores y asesores a las sesiones de consulta, pese a estar establecido en el inciso V del Protocolo de Consulta [15].

Durante los meses siguientes, se suscitaron varias agresiones más, el 3 de julio de 2018 se dio un intento de linchamiento por parte de algunos miembros de la comunidad hacia el entonces comisario municipal, con el fin de obligarlo a firmar el acta de consentimiento del proyecto, situación por la cual fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán [16]. A principios de septiembre se presenció una agresión con machetes donde resultaron heridas dos personas [17]. Desde entonces, la comunidad quedó completamente dividida, y las asambleas quedaron convertidas en una simulación de “buenas prácticas” empresariales e institucionales, ya que durante la fase consultiva las autoridades tomaron un papel decisivo y completamente manipulador en favor de la empresa.

Para finales de noviembre de 2018, en la última asamblea consultiva, se dio el “consentimiento” para la construcción del parque fotovoltaico Ticul A y Ticul B, en una asamblea que estuvo rodeada por más de cincuenta elementos de la policía estatal antimotines, con moderno equipo y armamento. A la reunión, a la que no se permitió el acceso a medios de comunicación, asistieron una decena de dependencias estatales y federales, así como una representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [18].

En definitiva, la consulta careció de todos los atributos que exigen una consulta indígena de conformidad con los estándares internacionales: [19] no fue libre, pues estuvo rodeada de cohecho, amenazas, dádivas y agresiones, además de la clara intimidación provocada por la presencia de la fuerza pública estatal. Tampoco fue informada, pues en ningún momento se proporcionó información cabal sobre los alcances e implicaciones del proyecto, ni sus impactos ambientales y sociales. No fue previa, porque se realizó dos años después de que el gobierno otorgara la concesión a la empresa sobre el desarrollo del proyecto en proximidad a la comunidad de San José Tipceh, sin antes haber informado y hecho partícipe a la comunidad. Y por supuesto tampoco fue de buena fe ni culturalmente adecuada, al haber estado plagada de agresiones, engaños y ocultamiento de información.

Los opositores al proyecto han continuado la resistencia en el ámbito jurídico, aludiendo a todos los derechos vulnerados, tanto en el ámbito agrario como en el de los derechos humanos. Debido a ello, el proyecto se encuentra actualmente detenido.

(See less)