Al final la comisión nacional reclutó a otro personal de la región, lograron a abrir brechas y caminos para la maquinaria y el paso de los explosivos con los cuales abrieron túneles por las montañas. Para convencer a la gente, que además no tenía conocimiento de qué se iba a construir, CFE pagaba jornales hasta tres veces más de lo que los pobladores acostumbraban ganar. Muchas personas abandonaron sus tierras y acudieron al llamado de trabajar para agrandar los túneles y abrir caminos. La Comisión instaló una planta de alta tensión y la infraestructura para los ingenieros. Cuando llega la Comisión muchos abandonaron sus tierras, se volvieron obreros y comerciantes y aunque algunos mantuvieron su trabajo como agricultores hubo un sentimiento de alejamiento y abandono a esa actividad. Con todo ello también llegaron las cantinas, tiendas y restaurantes. El pueblo de Huitiupán cambió y el gobierno no quiso invertir en infraestructura educativa, de salud y desarrollo ya que todo ello quedaría bajo el agua. Y así pasaron los años y fue en 1978 que los habitantes supieron que su pueblo se inundaría. Mientras, el personal de la CFE hacía negocios turbios con la venta de la madera preciosa de la región. En 1980 cuando se inició el proceso de levantar encuestas para el avalúo, los habitantes empezaron entendieron de lo que significaría el reasentamiento. Comenzaron entonces a organizarse, a tener asambleas y reuniones de discusión, información y análisis. Visitaron a los desplazados de otras presas en Chiapas como los de La Angostura, Chicoasén y Malpaso con el fin de aprender de sus experiencias y obtener más información sobre la dimensión de lo que se les venía encima. Se dieron cuenta que no sólo el proyecto de la presa Itzantún había dejado ya cuatro muertos durante las obras, sino que también en otras construcciones de represas habían muerto por accidentes cientos de personas por las condiciones de inseguridad en el trabajo, la inexperiencia en el trato de explosivos, etc. Un papel importante en esta lucha de concientización la realizó la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Unos luchaban en contra de la construcción de la presa, otros por la indemnización y restitución de sus tierras. La Confederación Nacional Campesina oficialista (CNC) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) también estaban en el terreno político de las luchas. En 1981 se firmó entre la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), la CFE y el gobierno del Estado de Chiapas el llamado "Programa de reacomodo agropecuario para la dotación de vivienda, infraestructura urbana básica y apoyo social ´Proyecto Hidroeléctrico Itzantún". El programa incluía los asuntos de afectación de tierras, el reacomodo agropecuario y urbano de toda el área del embalse que se calculaba de alrededor de 11 mil hectáreas, el reasentamiento de la población, construcción de nuevas viviendas y vías de comunicación, etc. Sin embargo todo era promesas y entre 1982 y 1984 la tensión fue subiendo, con marchas, plantones, líderes encarcelados, amenazas. A mediados de 1983, la CIOAC organizó la “Marcha de la Dignidad Indígena”, donde cientos de afectados caminaron más de mil kilómetros a la Ciudad de México para protestar y exigir solución a su demandas agrarias y sociales, entre ellas, impedir la construcción de la presa. En el 1985 buena parte de las negociaciones por la tierra estaban bien avanzadas y parecía que los pobladores iban a aceptar el proyecto; muchos ya trabajaban las dos tierras ahora, las recién donadas y las antiguas. Con todo ello se esperaba iniciar el llenado del embalse en 1988. Pero nadie se esperaba el sismo de septiembre de 1985 en la Ciudad de México que cambió radicalmente las prioridades y el presupuesto del gobierno federal y de la CFE por un rato. Para 1989 la población supo de la suspensión de la represa e inician nuevas divisiones. Grupos de campesinos que no tenían tierras iniciaron la invasión de quienes tenían doble terreno, otros se marcharon a la ciudad o a otros países. El 17 de marzo de 1994, a dos meses del levantamiento armado del EZLN, la CFE acordó entregar gratuitamente a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) una superficie de más de 6,640 has ubicadas en la zona de embalse del Proyecto Hidroeléctrico Itzantún. La CFE también donó al Gobierno de Chiapas los terrenos que adquirió a los campesinos por más de 6,555 has que no se encontraban sujetas a régimen de dominio público. El 25 de octubre de 1999 la CFE ratifica esta decisión y tampoco se hizo efectivo, nunca se llevó la entrega y reposición de las tierras a sus antiguos propietarios.

Tras conocer la situación de otros territorios con represas, los pobladores expresaron preocupación por la drogadicción, alcoholismo, prostitución y finalmente una gran pobreza que les afectaba.  Ante el descontento social y político por el desempeño en su administración, previo a las elecciones federales y estatales del año 2000, el gobernador Albores Guillén anunció públicamente que el proyecto Itzantún se cancelaba, pero nunca entregó las tierras. En el año de 2002 pobladores que iban a ser afectados por la represa Itzantún asistieron al I Foro Mesoamericano contra las Represas que se llevó a cabo en la selva del Petén, Guatemala. Ahí denunciaron nuevamente el proyecto Itzantún que llamó la atención de los más de 350 delegados de todos los países de Mesoamérica y otras regiones. El tercer Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo se llevó a cabo en el mismo municipio de Huitiupán (2004). Un día antes de la llegada de casi 600 personas de más de 80 organizaciones e instituciones, 25 municipios de Chiapas, 9 estados y 10 países distintos, el gobierno de Pablo Salazar anunció nuevamente la cancelación definitiva de la hidroeléctrica Itzantún y por fin la restitución de las tierras a los campesinos. Sin embargo, de las más de 13 mil has que la CFE decidió devolver varios años atrás, el gobierno de Chiapas sólo regresa poco más de 5,258 has. Según Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas "Así, hay dos elementos en los que habrá que tener cuidado. Uno de ellos es que no fueron restituidas todas las tierras inicialmente adquiridas por la CFE. En segundo lugar, el esquema de regularización de tenencia de la tierra se encamina a la privatización de esas tierras bajo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE), en una región donde se ve ya un aumento considerable de migración campesina hacia los Estados Unidos y donde la producción campesina está destrozada. Otros intereses se despliegan por la región. "  (Texto extraído desde "PRESA ITZANTÚN LA RESISTENCIA EN CHIAPAS", por Gustavo Castro Soto, Otros Mundos Chiapas) 

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