[Spanish version: see English version below] La empresa minera Pan American Silver, a través de un acuerdo de riesgo compartido con el gobierno boliviano, opera la mina San Vicente en Bolivia. A lo largo de los años, el porcentaje de la propiedad de la subsidiaria operativa que tiene la compañía Pan American ha cambiado desde su inversión inicial en 1999, alcanzando la propiedad mayoritaria en 2007 (95%). Esto coincidió con la expansión de la mina de una operación a pequeña escala a escala industrial, lo cual comenzó a finales de 2008. En septiembre de 2012, una parte de la mina fue tomada por miembros de la comunidad campesina y mineros cooperativistas quienes exigieron trabajo [1]. Criticaron a la compañía por haber "racionalizado" al mínimo la fuerza laboral y por no haber beneficiado a las poblaciones locales pobres que necesitaban fuentes de trabajo. Desde este entonces, ha habido repetidos incidentes laborales con consecuencias económicas importantes para las operaciones de San Vicente. El descontento sindical ha variado según el manejo por la empresa de su relación con el liderazgo sindical. En 2014, el sindicato paralizó las operaciones declarando una huelga general cuando les quedó claro que la empresa estaba interviniendo en, y procesando a, dirigentes y trabajadores de la mina [2]. EL sindicato envió una comisión de 100 mineros al capital boliviano de La Paz para exigir que el gerente de la empresa renunciara por "persecución política de los líderes sindicales", "tratando de dividir el liderazgo ", y despidos injustos por haber estado involucrados en una huelga de hambre. La huelga duró 14 días y el conflicto fue mediado por la empresa minera nacional, COMIBOL [3]. En 2017, la lucha sindical volvió a estallar. En enero 2017, el sindicato denunció que seis mineros fueron "despedidos injustamente". La compañía argumentó que los mineros fueron despedidos por consumir bebidas alcohólicas, pero el sindicato negó estas acusaciones, argumentando que la compañía estaba despidiendo trabajadores debido a los bajos precios para la plata [4]. Más tarde, en septiembre de 2017, el sindicato declaró un "estado de emergencia" por la reducción en gastos operativos de la empresa, lo cual resultó en una escasez de equipos de seguridad y peores condiciones de trabajo [5]. El sindicato exigió que un representante de la compañía viajara a Bolivia para atender sus demandas. Ahora que el cierre de la mina se acerca, persiste la probabilidad de futuros conflictos entre el sindicato y la empresa [6].
[English version] Pan American Silver, through a Joint Venture agreement with the Bolivian government currently operates the San Vicente mine in Bolivia. The company's ownership of the operating subsidiary has changed over the years. They initially invested in 1999 and took majority ownership in 2007 (95%). This coincided with expansion of the mine from small-scale to industrial scale operations, which began at the end of 2008. In September 2012, a portion of the mine was taken over by members of the rural peasant community and small-scale miners who were demanding work [1]. They criticized the company for having reduced the workforce to a minimum and not benefiting impoverished. Since then, there have been repeated labour-related incidents at the mine with significant economic consequences for the San Vicente operations. Union discontent has wavered depending on how successful the company has been with managing the leadership. In 2014, the union ceased operations and declared a general strike when it became clear that the company was intervening in and unjustly prosecuting union leaders and rank and file workers [2]. The union then sent a commission of 100 miners to the capital city of La Paz to demand the manager quit for "political persecution of union leaders", "trying to divide the leadership", and for dismissing workers for being involved in a hunger-strike. The strike lasted 14 days and the conflict was mediated by the national mining company COMIBOL [3]. Union struggles erupted again in January 2017 when the union claimed that six miners were "unjustly fired". The company argued the miners were fired for consuming alcoholic beverages, but the union denied these allegations, arguing that the company was laying off workers due to low silver prices. (4) Later, in September 2017, the union declared a "state of emergency" [5] in response to company downsizing which resulted in a dearth of safety equipment and a worsening of working conditions. The union demanded that a representative of the company travel to Bolivia to hear their demands. As the mine’s operations come to an end, future conflicts between the union and the company could arise again [6]. (See less) |