Este ampliación del acueducto -valorado en 8 millones de dólares estadounidenses- iba a extraer 176 lt/sg de agua potable del acuífero Sardinal (ubicado en la comunidad de Sardinal centro) y direccionarlos hacia la zona costera de Coco y Ocotal para abastecer las instalaciones de Coco Water tales como: hoteles, condominios, residenciales, restaurantes, súper mercados, piscinas y otras amenidades relacionadas con el turismo residencial e inmobiliario.

Aquí, cabe mencionar que este tipo de turismo, crea un fraccionamiento espacial y aislamiento social, se establecen enclaves de “modernidad” en espacios humildes con paisajes de tipo campesino y ganadero, convirtiendo a la provincia de Guanacaste en un espacio heterogéneo conformado por sociedades duales.

Según esta Carta de Entendimiento, oficializada posteriormente bajo la figura de un fideicomiso, el costo de la construcción lo cubriría Coco Water y al terminar las obras, el acueducto pasaría a ser parte del Estado costarricense. A cambio Coco Water pedía una garantía en el suministro de agua potable para sus actividades por un plazo de 5 años, pero Guanacaste es una provincia con características de bosque tropical seco y que durante los meses de diciembre a abril la precipitación media no alcanza los 2 mm, por lo que el agua potable en la zona es un bien ambiental escaso, motivo de incertidumbre y en constante conflictividad.

En el 2008, se otorga viabilidad ambiental a la construcción del acueducto por parte de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y se comienzan a ejecutar las obras. Sin embargo, faltando el 25 % de la construcción del acueducto, la comunidad de Sardinal que hasta la fecha no había sido ni participante ni informada se percata de la construcción; comienzan las indagaciones y al no obtener respuesta de la Municipalidad de Carrillo ni de otras instancias oficiales, los mismos vecinos se organizaron.

Al descubrir que no existían estudios claros sobre la capacidad del acuífero y que se violentó el derecho a la participación e información como lo dicta la Constitución Política costarricense, se conformó un comité de lucha por el acuífero Sardinal llamado “Comité Pro Defensa del Agua y Desarrollo de Sardinal”.

Este Comité, fue el que lideró las protestas, cierre de vías públicas, organizó ferias para la captación de fondos, entre otras acciones, también presentó recursos de amparo e inconstitucionalidad con ayuda de otras organizaciones como la Confraternidad Guanacasteca, la Pastoral Social, Universidad de Costa Rica y otras previamente conformadas para la lucha contra el TLC en el año 2007.

En el 2010, la Sala Constitucional declara con lugar los recursos presentados por la comunidad de Sardinal, principalmente por las violaciones cometidas al derecho de participación y a un ambiente ecológicamente equilibrado y ordena suspender la construcción del acueducto.

Keywords: water conflicts, tourism, water access rights, tropical dry forest, Coco-Ocotal-Sardinal pipeline

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